Esta ley nacional aprobada en 1988 precisa lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Nacional en cuanto a que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Esta ley visibiliza los actos discriminatorios, los precisa conceptualmente y establece sanciones para quienes los practiquen.

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