Tras el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, la justicia confirma esta terrible noticia en medio de una investigación con innumerables irregularidades y falencias intencionales. Vemos en el caso de Facundo lo que hemos visto ya en otros casos durante estos años: revictimización permanente de la familia, pistas falsas, filtraciones del expediente a cierta prensa anuente, operaciones mediáticas, testigos falsos, relativizaciones, pactos de silencio entre las y los policías involucrados, evidencias de abusos, torturas y encubrimiento.

Este terrible desenlace debe encender las alertas de toda la población respecto a la violencia institucional y los mecanismos represivos heredados de la última dictadura que aún siguen vigentes en los organismos estatales. El caso de Facundo se suma a la larga lista de desaparecidos o asesinados por las fuerzas estatales en democracia como Teresa Rodríguez, Miguel Brú, Carlos Fuentealba, Julio López, Pocho Lepratti o Santiago Maldonado.

La violencia institucional -como también ocurre con la violencia de género- no se ha tomado cuarentena. Al contrario, estos delitos han aprovechado el contexto excepcional para pretender desarrollarse con más impunidad. A Facundo Astudillo Castro lo detuvieron aduciendo que estaba violando la cuarentena y hoy los forenses identifican su cuerpo.

Como dijo la mamá de Facundo al gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Esto no debió haber pasado”. El Estado es responsable, exigimos justicia para la familia y la sociedad que colaboró y pidió por su aparición todo este tiempo; condenas a las y los culpables y medidas concretas para terminar con la violencia institucional que sigue campeando entre nosotros, como si nada.

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